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La Firma Digital en la República Dominicana.

Al conjunto de trazos, realizados siempre de la misma forma, o los nombres y apellidos escritos por una persona, de su propia mano, se les conoce como firma. En sentido general, firmar es la manera más expedita de imprimirle carácter de autenticidad a un documento, de consentir y asegurar la integridad de su contenido, así como de identificar a su autor o remitente. Además, una firma es capaz de otorgar reconocimiento legal a una documentación determinada. De hecho, el Código Civil dominicano dispone que, la existencia de ciertas obligaciones solo se puede probar si se encuentran suscritas sobre un papel.

No obstante, cada vez, hacemos menos uso de la tinta del bolígrafo y del papel. La irrupción de las tecnologías informáticas y las telecomunicaciones, nos han llevado a optar por registrar nuestras operaciones en un ordenador o en un smartphone. Tenemos el mundo en la palma de la mano. Concertamos comprar y vender bienes y servicios de manera online, y para ello nos basta un mensaje digital, o una factura, o documento electrónico como comprobante de la transacción. Pero, si al momento de la celebración de un contrato, por vía digital, no hay rubricas ni firmas en papel… ¿Qué validez jurídica tienen los documentos electrónicos? ¿Cómo se expresa el consentimiento y se verifica la integridad de los contenidos, a fin de garantizar su eventual valor probatorio, judicial y extrajudicial, en documentos que la ley dispone que deben ser firmados?

Las respuestas a esas y a otras interrogantes podemos encontrarlas en la ley número 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, de fecha 04 de septiembre del año 2002. En efecto, con relación al reconocimiento jurídico de las documentaciones electrónicas, el referido texto normativo ha dispuesto en su artículo cuatro, lo siguiente: ‘‘No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información por la sola razón de que esté en forma de documento digital o mensaje de datos’’. De igual modo, en cuanto a los documentos que obligatoriamente deben ser firmados para su validez, en su articulado número seis, dicha ley establece que: ‘‘ Cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o establezca ciertas consecuencias en ausencia de la misma, se entenderá satisfecho dicho requerimiento en relación con un documento digital o un mensaje de datos, si éste ha sido firmado digitalmente y la firma digital cumple con los requisitos de validez establecidos en la presente ley’’.

Entonces ¿Qué es una firma digital? de conformidad con la ley, y con el decreto número 335-03 de fecha 08 de abril del año 2003, que aprueba el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 126-02, una firma digital es un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento matemático, vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje, permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y el texto del mensaje, y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transmisión. Si la anterior definición resulta compleja, basta con saber que la firma digital es un proceso en el cual mediante el uso de un certificado digital, otorgado por una entidad certificante autorizada, es posible generar un archivo de datos, encriptados, capaz de garantizar la identidad de su autor y la fiabilidad de su contenido.

Firma Digital

No confundamos la firma digital con la firma electrónica, esta última responde a un concepto más genérico. La firma electrónica es un método informático general, mediante el cual se puede manifestar el consentimiento de un contrato o acción, por ejemplo: cuando colocamos la huella de nuestro dedo sobre el teléfono, los trazos que hacemos con un lápiz óptico al usar una tarjeta de crédito, o cuando colocamos nuestro usuario y contraseña en un sitio web. En cambio, la firma digital responde a un método informático específico, en el que tienen lugar entidades de certificación, certificados digitales, cifrados criptográficos, entre otros. Puede afirmarse entonces, que toda firma digital es electrónica; pero no toda firma electrónica es digital. Para que el uso de una firma digital tenga la misma fuerza y efectos vinculantes, que el uso de una firma manuscrita, de conformidad con el artículo treinta y uno de la ley, debe reunir los siguientes atributos:

  1. Que sea de propiedad exclusiva a la persona que la usa;
  2. Que sea susceptible de ser verificada;
  3. Que esté bajo el control absoluto de la persona que la utiliza;
  4. Que esté ligada a la información, documento digital o mensaje al que está asociada, de tal manera que si éstos son cambiados, la firma digital es invalidada, y;
  5. Que esté conforme a los reglamentos establecidos por el órgano oficial.

La Firma Digital nos brinda un sin número de beneficios. Desde el punto de vista de la seguridad, garantiza la integridad de la información y del contenido, al imposibilitar la alteración o modificación del documento firmado. Desde la óptica de la productividad, los documentos pueden ser generados desde cualquier lugar y en cualquier momento, reduciendo los tiempos de respuesta, lo que se traduce en una mejoría de la competitividad y la eficiencia. Desde un enfoque económico, disminuye el costo de materiales gastables, de mensajería y de archivo, porque todo se maneja en formato electrónico, produciendo así un ahorro significativo para la persona o entidad firmante. Desde una perspectiva ambiental, al evitar el uso del papel, y demás materiales de oficina, se contribuye significativamente con el medio ambiente, promoviendo así la tendencia hacia el paperless.

No en vano, cada vez más, instituciones gubernamentales y privadas están haciendo uso de la firma digital en la República Dominicana. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), órgano regulador que tiene la autoridad de autorizar la prestación de servicios de certificación de firmas digitales, ha autorizado al menos tres entidades para la prestación de dichos servicios, entre las que se encuentran la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC) y la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Esta es una tendencia irreversible, sobre todo por la implementación de políticas gubernamentales como las de Repúbica Digital, un programa estatal que busca garantizar el acceso de los dominicanos a las tecnologías de la información y comunicación, con el objetivo de reducir la brecha digital y brindar mejores servicios a la ciudadanía.

Incluso la Justicia Dominicana se ha montado en esta ola. El Consejo del Poder Judicial aprobó mediante una sesión especial, una política para el uso de la firma electrónica en los procesos jurisdiccionales y administrativos, lo que permitirá reducir el tiempo necesario para aprobar decisiones y agilizar su entrega a los usuarios. Esta es una decisión sin precedentes, para el campo de la justicia que impactará significativamente todos los sectores que allí convergen. Esto influirá, además, en el auge de aceptar documentos firmados digitalmente como pruebas en procesos judiciales, e incentivará el uso cotidiano de la firma digital.

Entidades como la Procuradoría General de la República, la Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Impuestos Internos, entre otras, han dado grandes pasos para implementar estas tecnologías y eficientizar sus procesos. Ahorra corresponde al sector privado, promover el uso de estos métodos informáticos para aprovechar sus bonanzas y ofrecer servicios mas competitivos. Y es que nuestras actividades cotidianas pueden verse limitadas a no reunirnos presencialmente, quedando solamente el campo de las nuevas tecnologías para interconectarnos. El mejor ejemplo de esto, la pandemia del COVID-19, con la que nos hemos visto obligados a valernos de la informática para seguir desarrollando nuestras operaciones labores, profesionales, comerciales e interpersonales.